Legalidad verificada

Datos independientes verificados confirman que es muy reducido el riesgo de existencia de madera de frondosas estadounidenses procedente de fuentes ilegales. 

El estudio independiente encargado por AHEC en el año 2008 a la consultora independiente Seneca Creek señala que:

  • En base a los datos publicados disponibles y a la información obtenida tanto de funcionarios estatales como del mercado de la madera, se puede tener un alto grado de confianza en que el sector de la madera de frondosas estadounidenses acepta y acata las leyes nacionales y estatales.
  • Las evidencias indican fuertemente que es muy bajo el riesgo de que las exportaciones de madera de frondosas estadounidenses contengan madera procedente de fuentes ilegales.
  • Al evaluar el alcance y la eficacia de diversos programas normativos que abordan la cuestión de la legalidad y la sostenibilidad, todos los estados productores de madera de frondosas estadounidenses deben considerarse de bajo riesgo en lo relativo a la procedencia de fuentes ilegales o no sostenibles de la madera de frondosas.
  • Puede considerarse con un gran nivel de confianza que los derechos de propiedad de la madera están bien establecidos y son respetados. Los propietarios disponen de numerosos recursos legales para zanjar disputas relacionadas con el derecho de propiedad y/o la apropiación o la venta no autorizadas de la propiedad de la madera.
  • Si bien es cierto que los robos de madera son una realidad y constituyen un motivo de preocupación para los propietarios privados, no parece que se trate de un problema ampliamente extendido o sistémico, especialmente en las exportaciones de madera de frondosas estadounidenses. La madera robada supone una parte muy reducida del total de la producción de madera de frondosas estadounidenses; muy probablemente inferior al 1%.
  • Los indicadores internacionales de gobernanza, como por ejemplo los recopilados por el Banco Mundial, apuntan fuertemente a que los Estados Unidos se percibe como un país caracterizado por un alto respeto a la legalidad, con un marco legal medioambiental, laboral y social efectivo y un nivel de corrupción bajo.